Boletín
de Prensa Chevron Texaco.
En
la sesión del Pleno 258 del día 15 de octubre del 2013, el
asambleísta por la provincia de Bolívar, Hólger Chávez Canales,
presentó el proyecto de resolución para rechazar las acciones en
contra de la soberanía nacional infringidas de forma constante por
parte de la empresa multinacional Chevron Texaco, misma que después
de causar inmensos daños ecológicos en nuestro país, ha
desarrollado una campaña de desprestigio a nivel internacional para
minar la credibilidad de nuestras instituciones.
Entre
1967 y 1990, la petrolera estadounidense Chevron - Texaco explotó el
crudo Ecuatoriano, en lo que hoy son las provincias de Sucumbíos y
Orellana y tras su salida del país dejó pasivos ambientales
contabilizados en más de 18 millones de galones de desechos tóxicos
vertidos en ríos y riachuelos.
Según
estimaciones especializadas perforó 339 pozos, construyó 22
estaciones y operó 15 campos, con utilidades estimadas durante el
tiempo que permaneció en la Amazonía de 30.000 millones de dólares
americanos, durante los que derramaría alrededor de 16,8 millones de
galones de petróleo, más de 18,5 mil millones de agua tóxica en
627 piscinas y habría quemado unos 235.000 millones de pies cúbicos
de gas, con daños avaluados en 6.000 millones de dólares de la
época.
En
este contexto, el asambleísta por la provincia de Bolívar, ha
insistido que esta propuesta no debe quedar como una simple proclama
de principios e impulsó la conformación de la Comisión
Especializada Ocasional, de acuerdo al artículo 24 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, para auditar y fiscalizar a las
acciones de la empresa multinacional Chevron – Texaco.
Esta
comisión analizará las acciones depredadoras la
multinacional en el Ecuador, además de la complicidad de
instituciones
públicas, funcionarios y autoridades públicas que la apoyaron
con
el fin último de
eliminar
la campaña de descrédito realizada a nivel nacional e
internacional.
A
continuación adjuntamos las resoluciones presentadas En la sesión
del Pleno 258 del día 15 de octubre del 2013.
El
Pleno de la Asamblea Nacional
Considerando;
Que
el artículo 416 numeral 8 de la Constitución de la República del
Ecuador condena toda forma de imperialismo, colonialismo,
neocolonialismo y reconoce el derecho de los pueblos a la resistencia
y liberación de toda forma de opresión, y en su numeral 12,
determina que las relaciones internacionales del Ecuador fomentan un
nuevo sistema de comercio e inversión que implementa la creación de
mecanismos de control internacional a las corporaciones
multinacionales y el establecimiento de un sistema internacional,
justo, transparente y equitativo;
Que
entre 1964 y 1990, la petrolera estadounidense Chevron - Texaco
exploró y explotó el crudo ecuatoriano, en lo que hoy son las
provincias de Sucumbíos y Orellana y tras su salida del país dejó
pasivos ambientales contabilizados en más de 18 millones de galones
de desechos tóxicos vertidos en cuencas y microcuencas
hidrográficas, y que según estimaciones especializadas perforó 339
pozos, construyó 22 estaciones y operó 15 campos, con utilidades
estimadas durante el tiempo que permaneció en la Amazonía de
aproximadamente 30.000 millones de dólares estadounidenses. Durante
ese tiempo se derramó aproximadamente alrededor de 16,8 millones de
galones de petróleo, más de 18,5 mil millones de litros de agua
tóxica en 627 piscinas y habría quemado unos 235.000 millones de
pies cúbicos de gas, con daños avaluados en 6.000 millones de
dólares estadounidenses de la época;
Que
el 3 de noviembre de 1993 moradores afectados presentaron una demanda
contra la compañía transnacional Chevron - Texaco en la Corte del
Distrito Sur de Nueva York, acusándola de “haber
contaminado el ambiente y afectado a la salud de la gente debido al
uso de tecnología barata y obsoleta”
durante la explotación petrolera en la Amazonia ecuatoriana;
Que
el litigio, por pedido expreso de Chevron Texaco, se trasladó a la
jurisdicción ecuatoriana y el 7 de mayo de 2003 se presentó la
demanda en la Corte Superior de Nueva Loja;
Que
el 14 de febrero de 2011, después de nueve años, el Presidente de
la Corte Provincial de Sucumbíos, juez Nicolás Zambrano, dictó la
sentencia en contra de la compañía transnacional Chevron - Texaco.
El veredicto fue a favor de los demandantes disponiéndose el pago de
19 mil millones de dólares estadounidenses
para ser empleados en la reparación de los daños ambientales, que
incluye limpieza de los suelos, instalación de sistemas de agua e
implementación de sistemas de salud para la zona;
Que
la compañía transnacional Chevron - Texaco busca que el gobierno de
Ecuador asuma la millonaria indemnización a través de una agresiva
campaña de desprestigio a nivel jurídico, comunicacional y
político.
Que
la compañía transnacional Chevron - Texaco mintió sobre el laudo
parcial del 17 de septiembre del año 2013 en la Corte Internacional
de Arbitraje de La Haya, difundiendo falsamente que no era
responsable de ningún daño ambiental.
Que
el gobierno del Ecuador a través de su Presidente Constitucional,
economista Rafael Correa Delgado, después de la campaña y cabildeo
internacional de desprestigio realizada por la empresa multinacional,
lanzó la campaña “La
mano sucia de Chevron”
para demostrar a nivel nacional e internacional los graves pasivos
ambientales y sociales que ocasionó en sus años de operación en el
Ecuador.
Que
de conformidad con lo establecido en el artículo 127 y 132 de la
Constitución de la República del Ecuador;
RESUELVE:
PRIMERO.-
Rechazar los ataques que recibe el Estado ecuatoriano de manera
deliberada por parte de la compañía transnacional Chevron –
Texaco, que de forma constante y basada en falsas informaciones
desprestigian nuestro sistema judicial, instituciones democráticas y
la soberanía nacional a través del multimillonario cabildeo
político y campañas de comunicación.
SEGUNDO.-
Convocar al pueblo ecuatoriano a mantenerse férreamente unido y
vigilante utilizando los medios legítimos del derecho nacional e
internacional para contrarrestar las acciones deliberadas de
desprestigio de la compañía transnacional Chevron – Texaco.
TERCERO.-
Apoyar la iniciativa gubernamental “La
mano sucia de Chevron”,
aclarando que el Ecuador y su Gobierno no han intervenido en el
litigio entre privados, sino que se ha defendido de la arremetida
comunicacional, jurídica y política de esta empresa transnacional,
que pretende que el Estado ecuatoriano asuma el pago de la
remediación social y ambiental que esta causó.
CUARTO.-
Instar a la ciudadanía, empresas privadas y medios de comunicación
para que actúen en consecuencia con los altos intereses del Estado
ecuatoriano y
contribuyan con sus decisiones soberanas por la defensa de la vida,
afectadas por las acciones de desprestigio de la compañía
transnacional Chevron – Texaco.
QUINTO.-
Solicitar
a la UNASUR, CELAC, PARLATINO y a las organizaciones de la sociedad
civil y colectivos latinoamericanos, respalden la conformación de
un órgano de resolución de conflictos y controversias relativas a
inversiones, como un frente común contra las pretensiones de las
empresas transnacionales y preservar la soberanía de nuestros
pueblos.
SEXTO.-
Solicitar que el Consejo de Administración Legislativa, proponga al
Pleno de la Asamblea Nacional la conformación de la Comisión
Especializada Ocasional, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley
Orgánica de la Función Legislativa, para auditar y fiscalizar las
acciones de la empresa multinacional Chevron - Texaco en Ecuador y la
participación de las instituciones públicas, funcionarios y
autoridades que actuaron en contra de los altos intereses nacionales;
y,
SÉPTIMO.-
Publicar esta Resolución en los medios de comunicación nacionales e
internacionales.
El
día domingo 27 de octubre en la reunión con las comunidades del
norte Guanujo, en
mi calidad de cumplí
una apretada agenda de trabajo al conocer los pedidos de las
comunidades frente a la legalización de compañías de transporte
comunitario.
El
diálogo se centró en las necesidades de transporte para la
creciente población de la zona especialmente en los
pedidos de nuevas
frecuencias, legalización de cooperativas de
transporte y participación
de las comunidades para construir propuestas junto con las
autoridades.
Como
es de conocimiento público, las zonas altas de las comunidades de
las provincias de la sierra centro
por su geografía son de
difícil acceso para las formas convencionales de transporte público.
Es en este contexto que las comunidades solicitan se realicen
medidas específicas desde la Agencia Nacional de Transito para
satisfacer su demanda con el
apoyo de su representante en la Asamblea Nacional.
Con
la presencia de 49 representantes y lideres comunales, expresé
mi apoyo al importante
proceso de organización de las comunidades, estableciendo junto con
las organizaciones FOCIG, Unión y Progreso, CODIAG, Nueva Esperanza,
CODINOG, canales de diálogo para seguir en la importante tarea de
legalizar el transporte público.
Estos
diálogos se enmarcan en el fortalecimiento de la presencia de la
Revolución Ciudadana en las zonas históricamente olvidadas por
anteriores regímenes políticos, fortaleciendo los niveles de
organización política, y
participación dentro del marco del estado intercultural.
